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El futuro del libro 9. El acuerdo sobre Google Books

28 Feb

[Actualización: el 22 de marzo de 2011, el juez Chin rechazó el acuerdo sobre Google Books, argumentando que su ámbito, en particular en lo referente a los usos futuros por parte de Google de los libros digitalizados, excedía con creces lo que la demanda inicial debía dirimir, a saber, si el escaneo de los libros para su incorporación a la base de datos del buscador y la muestra de pequeños fragmentos en respuesta a consultas de los usuarios suponía una infracción de los derechos de los titulares o bien cabría dentro del límite del fair use.]

Como comenté en la entrada anterior de la serie, el proyecto de Google de escanear millones de libros de las colecciones varias de las principales bibliotecas de investigación estadounidenses, sin autorización previa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre ellos, dio lugar en 2005 a sendas demandas por parte del Gremio de Escritores y de varias editoriales.

Lo que prometía ser un importante caso de aplicación del fair use (un límite a los derechos de propiedad intelectual contemplado en la legislación estadounidense, cuya aplicación ha de determinar el juez caso por caso, siguiendo los criterios establecidos en la ley) dio un vuelco cuando, tras tres años de litigio, el 28 de octubre de 2008, las partes presentaron ante el juez un acuerdo que iba, como veremos, mucho más allá de lo que en principio se estaba dirimiendo con la demanda: a saber, la posibilidad de que el fair use cubriese la digitalización de obras sin autorización de sus titulares y su incorporación a la base de datos de Google para mostrar pequeños fragmentos en respuesta a las consultas de sus usuarios.

Por tratarse de una demanda en forma de class action, en la que los demandantes representan a todos los titulares de derechos sobre las obras afectadas que no manifiesten su voluntad de no participar del acuerdo, para que sea este sea válido ha de ser aprobado por el juez, algo que aún no se ha producido y sobre lo que hay dudas de que se produzca en los términos actuales del acuerdo.

Durante el periodo de alegaciones, el juzgado recibió cientos de escritos, en su mayor parte críticos con el acuerdo propuesto. Entre ellos, tuvo especial importancia el que remitió el Departamento de Justicia (pdf) en nombre del Gobierno estadounidense, que provocó una revisión del acuerdo, presentada ante el juez el 13 de noviembre de 2009 (Acuerdo revisado, Amended Settlement).

Se trata de un documento largo y complejo (pdf, 368 páginas), con un lenguaje propio (el apartado de definiciones ocupa 21 páginas), y su influencia se extiende a cuestiones tan diversas como el acceso a la cultura en la era digital, las deficiencias y rigideces de la legislación sobre propiedad intelectual o el riesgo de monopolio en la explotación comercial de obras hasta ahora fuera de circulación, entre muchas otras, lo que ha dado lugar a un intenso debate a su alrededor.

En resumen, el acuerdo permite que Google prosiga con el escaneo de los libros para incorporarlos a su buscador, a cambio de lo cual pagará a los titulares. El acuerdo, tras su revisión de 2009, afecta sólo a obras publicadas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia antes del 5 de enero de 2009, si bien, en lugar de resolver únicamente la cuestión de los fragmentos de texto de los libros escaneados que Google pretendía mostrar en su buscador, prevé la creación de varios servicios que van mucho más allá del alcance original.

Los servicios que implican la visualización (display) por parte del usuario de la totalidad o parte de la obra que el acuerdo contempla explícitamente son:

  • Vistas previas (previews): dependiendo del tipo de obra (ficción, no ficción, antología/poesía…), pueden alcanzar el 20% del total de la obra, frente al máximo de 3 fragmentos de una pocas frases que Google pretendía mostrar antes del acuerdo.
  • Compras por clientes finales (consumer purchases): que darán acceso online de por vida al texto completo del libro. De aprobarse el acuerdo, los libros afectados por él se incorporarían a los que ya ofrece Google ebookstore, la tienda que ya opera en Estados Unidos y se espera que en unos meses lo haga también en España.
  • Suscripciones institucionales (institutional subscriptions): una entidad podrá pagar por una suscripción anual que permita a su personal acceder al texto completo de todos los libros o de un subconjunto temático.
  • Acceso público (public access): Google proporcionará acceso gratuito mediante un único terminal en cada una de las bibliotecas públicas o instituciones de educación superior que lo soliciten.

Los servicios sin visualización (non-display), que no implican mostrar al público del contenido de los libros, incluyen entre otros: la visualización de información bibliográfica, la indexación por Google del texto completo y su utilización para proyectos internos, como traducción automática, mejora de los algoritmos de búsqueda, etc.

El acuerdo trata de distinta manera las obras actualmente a la venta (commercially available) y las descatalogadas (not commercially available), estableciendo las siguientes reglas por defecto:

  • Para libros a la venta: no se incluirán en los servicios de venta ni de suscripción institucional; sólo se mostrará información bibliográfica.
  • Para libros descatalogados: se permitirán los servicios de visualización, salvo que el titular se oponga.
  • Además, Google pondrá libremente a disposición de sus usuarios las obras en dominio público, incluida la posibilidad de descargarlas.
Tipos de vistas previas según GBS (fuente: Jonathan Band, "The GBS Settlement. The Reader's Digest Version"

Tipos de vistas previas según GBS (fuente: Jonathan Band, "The GBS Settlement. The Reader's Digest Version"

Los titulares de derechos (autores o editores) que quisiesen quedar fuera del acuerdo (y retener así la facultad de ejercer acciones legales contra Google) tenían de plazo hasta el pasado 28 de enero para hacerlo. A partir de entonces, sólo pueden indicar a Google que no desean que haga uso de sus obras. Google pagará a los titulares 60 dólares por cada libro que hubiese escaneado antes de mayo de 2009. En total, al menos serán 45 millones de dólares.

De los ingresos que se generen por publicidad, suscripciones institucionales y ventas a clientes finales, Google se quedará con el 37% y pagará el 63% restante al Registro de Derechos sobre los Libros (Book Rights Registry, BRR), la entidad sin ánimo de lucro creada para gestionar los derechos sobre los libros afectados por el acuerdo, que lo distribuirá entre los titulares, para lo que mantendrá una base de datos de autores y editores y llevará a cabo esfuerzos para localizar a los titulares de las obras que aún no hayan sido identificados. Como parte del acuerdo, Google se compromete a pagar 34,5 millones de dólares para poner en funcionamiento el BRR; después, se financiará con un porcentaje de lo que Google recaude.

Un aspecto especialmente controvertido es el relativo a las obras huérfanas, pues sus detractores entienden que el acuerdo supone de facto una licencia exclusiva a Google para explotarlas comercialmente; frente a lo cual hay quienes ven en el acuerdo la posibilidad de que parte de la cultura del siglo XX escape al agujero negro en que habría quedado sumida, provocado por la prolongación de los plazos de protección de la propiedad intelectual y los altísimos costes de transacción en que habría de incurrir quien acometiese la tarea de localizar a todos los titulares de las obras que aún se encuentran protegidas pero que dejaron de explotarse comercialmente hace tiempo para obtener su permiso para convertirlas y utilizarlas en formato digital.

Referencias

The Public Index (exhaustiva recopilación de documentación relacionada con el caso y textos de análisis gestionada por James Grimmelmann).

Conferencia “D is for Digitize” (celebrada en la New York Law School del 8 al 10 de octubre de 2009) y artículos relacionados con la conferencia publicados en la NYLS Review.

Otras entradas de la serie:

El futuro de la lectura

El futuro del libro 1. ¿El ocaso de la era Gutenberg?

El futuro del libro 2. Conceptos

El futuro del libro 3. La cadena de valor

El futuro del libro 4. Marco jurídico I

El futuro del libro 5. Marco jurídico II

El futuro del libro 6. Oleadas de la digitalización

El futuro del libro 7. Los proyectos de digitalización masiva de libros

El futuro del libro 8. El proyecto Google Books

La popularización del libro electrónico. Amazon vs Apple

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El futuro del libro 8. El proyecto Google Books

21 Feb

Como comentamos en la entrada anterior de esta serie sobre el futuro del libro, entre los proyectos de digitalización masiva de obras impresas destaca por varios motivos el que está llevando a cabo Google, que ha dado lugar a un litigio aún pendiente de resolución con importantes repercusiones.

En octubre de 2004, durante la Feria del Libro de Fráncfort, Google presentó Google Print, un acuerdo con varias importantes editoriales (como McGraw-Hill, Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson o Penguin, entre otras) por el que el buscador podría mostrar entre los resultados de las consultas, junto a los enlaces a las páginas web relevantes, pequeños extractos (snippets) de los libros en los que apareciesen los términos buscados.

Poco después, en diciembre, presentaba asimismo su proyecto Google Library en el que, de acuerdo con varias de las principales bibliotecas estadounidenses (de las universidades de Harvard, Stanford y Michigan, y la New York Public Library) y la biblioteca de la Universidad de Oxford, Google escanearía digitalmente unos 30 millones de volúmenes de sus colecciones, incluyendo tanto las obras en dominio público como ejemplares aún bajo copyright, para incorporarlos a la base de datos de su buscador. Mientras que de los libros en dominio público Google mostraría el texto entero del libro, de libros aún protegidos por la propiedad intelectual únicamente permitiría ver hasta tres pequeños fragmentos por libro, cada uno de ellos de unas pocas líneas.

Búsqueda de libros de GoogleAmbas iniciativas constituyen lo que actualmente se conoce como Google Books.

Aunque Google ofrecía a los titulares de los derechos la posibilidad de solicitar que sus obras se excluyesen del programa de escaneo de las bibliotecas (sistema de tipo opt-out), así como de incorporarse al programa para editores, por el que recibirían parte de los ingresos que Google obtuviese por los anuncios situados en las páginas donde se mostrasen los fragmentos de sus libros, encontró gran resistencia a Google Library, pues muchos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre los libros, autores o editores, consideraban que tanto el escaneo completo de los textos para incorporarlos a la base de datos del buscador como el hecho de mostrar pequeños fragmentos de los libros alrededor de los términos buscados constituían una vulneración de sus derechos exclusivos, ya que Google debería haber contado con su autorización previa para poder hacerlo legalmente.

La disputa con autores y editores dio lugar a sendas demandas. El 20 de septiembre de 2005, el Gremio de Escritores (Authors Guild) y varios autores individuales demandaron a Google alegando que el proyecto Google Library vulneraba sus derechos de propiedad intelectual. Eligieron la forma de demanda colectiva (class action), una figura propia del ordenamiento jurídico estadounidense que les permitía actuar en nombre de los autores cuyos libros se viesen afectados (en concreto, se ciñeron a los que pertenecían a la colección de la Universidad de Michigan). Un mes más tarde, cinco editoriales —McGraw-Hill, Pearson, Penguin, Simon & Schuster y John Wiley & Sons— demandaron también a Google en el mismo tribunal. Más adelante, ambos casos acabaron integrándose en uno solo.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, varias de las actuaciones de Google levantaban suspicacias:

  • El hecho de escanear un libro e incluirlo en la base de datos del buscador, aunque sólo se mostrasen al público pequeños fragmentos, podía vulnerar los derechos exclusivos de reproducción de los titulares.
  • Además, Google convertía los ficheros resultado del escaneo a un formato susceptible de indexación mediante software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
  • Google proporcionaba una copia de cada fichero a las bibliotecas que participaban en el programa.
  • La propiedad intelectual está basada, como regla general, en un sistema opt-in, que impone sobre Google la carga de obtener autorización previa para proceder a la reproducción o transformación de las obras protegidas. Por tanto, el sistema opt-out que había implantado no era legalmente admisible.

Frente a estas presuntas vulneraciones de la ley de propiedad intelectual, la defensa de Google pasaba por hacer ver al juez que sus actuaciones entraban dentro del fair use (“uso legítimo” o “uso razonable”), un límite a los derechos de propiedad intelectual que permite un uso limitado del material protegido sin la necesidad de obtener permiso de los titulares. Es un juez el encargado de determinar, valorando las particularidades de cada caso, si se trata de un uso razonable o no, para lo cual la propia Copyright Act (sección 107) proporciona varios criterios (el propósito y la naturaleza del uso, incluyendo si el uso es comercial o para finales educativos sin ánimo de lucro; la naturaleza de la obra protegida; la cantidad y la importancia de la porción utilizada en relación con el conjunto de la obra protegida; y el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida).

El resultado final del litigio no estaba claro: en un precedente reciente, el caso Kelly v Arriba Soft, el juez había dictaminado que el buscador de imágenes Arriba Soft hacía un uso razonable de las imágenes que Kelly, fotógrafo profesional, publicaba en su sitio web, al mostrar imágenes en miniatura (thumbnails) en los resultados de búsqueda. Google entendía que su posición frente a los titulares de derechos era aún más sólida que la de Arriba Soft; autores y editores, por su parte, argumentaban que la situación era demasiado diferente como para trazar analogías.

Sin embargo, el juez nunca llegó a dictar sentencia sobre un posible fair use pues, tras tres años de litigio, el 28 de octubre de 2008 las partes anunciaron un acuerdo, aún pendiente de aprobación judicial, cuyos detalles y posibles consecuencias trataremos a continuación.

[Actualización: el 22 de marzo de 2011, el juez Chin rechazó el acuerdo sobre Google Books, argumentando que su ámbito, en particular en lo referente a los usos futuros por parte de Google de los libros digitalizados, excedía con creces lo que la demanda inicial debía dirimir, a saber, si el escaneo de los libros para su incorporación a la base de datos del buscador y la muestra de pequeños fragmentos en respuesta a consultas de los usuarios suponía una infracción de los derechos de los titulares o bien cabría dentro del límite del fair use.]

Referencias:

Jonathan Band, The Long and Winding Road to the Google Books Settlement, 9 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 227 (2009)

Jonathan Band, The Google Book Search Project, Lawsuit, and Settlement, presentación en la conferencia “D is for Digitize” (New York School of Law, 8 a 10 de octubre de 2009)

James Grimmelmann, The Elephantine Google Books Settlement, Buffalo Intellectual Property Law Journal (2010)

Otras entradas de la serie:

El futuro de la lectura

El futuro del libro 1. ¿El ocaso de la era Gutenberg?

El futuro del libro 2. Conceptos

El futuro del libro 3. La cadena de valor

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El futuro del libro 5. Marco jurídico II

El futuro del libro 6. Oleadas de la digitalización

El futuro del libro 7. Los proyectos de digitalización masiva de libros

El futuro del libro 9. El acuerdo sobre Google Books

La popularización del libro electrónico. Amazon vs Apple

La privacidad en la nube

28 Dic

El más reciente de los seminarios del máster, titulado “Retos legales del cloud computing“, tuvo lugar en la EOI el pasado 16 de diciembre. En él pudimos conocer, por boca de María González, la opinión de Google sobre cuáles son los obstáculos legales a los que se enfrenta la computación en nube, la forma actualmente en boga de denominar a la provisión de servicios (de software, de plataforma, de infraestructura) a través de Internet.

Su intervención se centró en repasar las limitaciones de que según Google adolece el actual marco jurídico español de protección de datos personales (y por ende el europeo del que deriva), lo que nos permitió tener una visión complementaria de la que la Agencia Española de Protección de Datos nos expuso en un seminario anterior.

La computación en nube nos ofrece indudables beneficios a sus usuarios, tanto en cuanto a ubicuidad (podemos conectarnos desde cualquier sitio y mediante una variedad cada vez mayor de dispositivos) como en disponibilidad (fallos como los de Twitter, con su memorable “fail whale“, llaman la atención por infrecuentes) o en mera rapidez de respuesta (por otro lado, la velocidad con la que se actualiza el timeline de Twitter es un pequeño milagro al que nos vamos acostumbrando). Estas extraordinarias características se alcanzan gracias a la distribución geográfica de múltiples centros de proceso de datos cada vez más grandes y potentes, y la replicación en ellos, mediante algoritmos diseñados para optimizar su rendimiento, de la información y las aplicaciones que componen los servicios en nube.

Esta dispersión de los servidores (y por tanto de los datos que tratan, incluidos los de carácter personal de los usuarios) por distintos países, quizá incluso continentes, es la que complica la situación legal de la computación en nube, pues choca con la dimensión inevitablemente territorial de los marcos legales actuales.

Google considera que el marco jurídico europeo, articulado en torno a una Directiva de 1995, es decir, del periodo inmediatamente  anterior a la eclosión comercial de Internet, está obsoleto y limita las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología. Esta es una opinión generalizada, pues este marco regulatorio se encuentra actualmente en proceso de revisión. (De hecho, la Comisión Europea mantiene abierta hasta el próximo 15 de enero de 2011 una consulta pública para recibir sugerencias al respecto de todos los actores implicados, con Google y otras grandes compañías de Internet en un lugar destacado.)

Algo se está moviendo también al otro lado del Atlántico, pues en las últimas semanas dos entidades con competencia para velar por los derechos de los consumidores estadounidenses, como son el Departamento de Comercio (DoC) del gobierno de Obama y la Agencia Federal de Comercio (FTC), han publicado sendos informes sobre privacidad en la red (Informe del DoC [pdf]; informe de la FTC [pdf]).

Pero estas iniciativas de actualización de normas al fin y al cabo regionales no pueden ocultar la necesidad de afrontar retos globales, como son la mayoría de los que por sus propias características presenta Internet, con soluciones también globales. En este sentido, las autoridades de protección de datos vienen trabajando desde hace tiempo, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y otra serie de entidades tanto públicas como privadas, en la elaboración de una propuesta de estándares internacionales de privacidad (pdf) que se presentó a finales de 2009 en Madrid, con motivo de la 31ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. La propuesta, como explica la propia nota de presentación (pdf), “no es un acuerdo internacional ni tampoco una normativa jurídicamente vinculante“, sino que pretende servir “como base para un futuro trabajo de elaboración de un convenio universal.”

En un mundo (aún lejano, me temo) en el que la privacidad estuviese igualmente protegida en todo el planeta, tendría mucho más sentido una de las frases con las que me quedé de la intervención de María González: para Google, “How is more important than where” [El cómo es más importante que el dónde]. De momento habrá que seguir discutiendo sobre jurisdicciones, lugares de establecimiento del responsable y del encargado de tratamiento, transferencias internacionales y todo lo que conlleva tratar de conjugar la territorialidad del mundo físico con la globalidad de la nube.

El futuro de la propiedad intelectual: Google y las obras huérfanas

2 Dic

Como broche final al módulo del máster dedicado a los aspectos más puramente jurídicos de la propiedad intelectual, este viernes hablaremos de cuál será su futuro y cuáles son las reformas que se podrían introducir para adaptar la legislación a los retos que presenta el siglo XXI, digital, en red y global.

Creo que una aportación de gran valor a este debate, tanto por el contenido en sí como por de dónde proviene, es la de Hal Varian, catedrático emérito de Economía en la Universidad de Berkeley y Economista Jefe de Google, donde lleva trabajando desde 2002, entre otras cosas en el modelo de subastas de los anuncios de texto, AdWords, que suponen actualmente más del 90 por ciento de los ingresos del gigante estadounidense.

Hace unos días, a través de esta especie de blog donde Simonetta Vezzoso, una investigadora italiana sobre propiedad intelectual y competencia, va recopilando enlaces de interés, tuve noticia de la conferencia que Varian dio hace un par de meses en la sede de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI; WIPO en sus siglas inglesas) en Ginebra, titulada “Los costes de transacción y el copyright“. (En esa página se puede acceder al pdf de la presentación, así como al vídeo de la misma, cuyos puntos principales trataré de sintetizar.)

En ella, Varian se enfrenta a uno de los asuntos candentes en propiedad intelectual, en los que se centra el debate sobre su posible reforma, el régimen de las obras huérfanas, esto es, aquellas obras protegidas por la propiedad intelectual pero cuyo autor no puede ser localizado o identificado. (Muy importante, por ejemplo, para entender las consecuencias del acuerdo sobre Google Books, de extraordinaria repercusión para el futuro de la edición digital.)

Actualmente, una obra protegida sólo puede utilizarse (reproducirse, transformarse, distribuirse…) si se cuenta con el correspondiente permiso o licencia del titular de los respectivos derechos de explotación (reproducción, transformación, distribución…), ya sea el propio autor o la persona u organización a quien aquél se los haya cedido, a menos que la utilización que se vaya a hacer de la obra encaje dentro de alguno de los límites a la propiedad intelectual que la propia legislación contempla. Por tanto, identificar y localizar al titular de los derechos es fundamental para poder explotar la obra. Obras huérfanas son precisamente aquéllas para las que esto es imposible o al menos muy difícil.

Varian considera que esta situación supone una importante ineficiencia del sistema, pues se impiden o dificultan mucho transacciones que aportarían valor a la sociedad. Por ello, como veremos, su propuesta pasa por que, por defecto y si se cumplen ciertas condiciones, se permita el uso de la obra huérfana.

Por supuesto, él afronta el asunto desde una perspectiva económica, analizándolo en términos de incentivos y costes de transacción, lo que para mí resulta del máximo interés, porque estoy harto de escuchar opiniones sobre el futuro de la propiedad intelectual basadas más en sentimientos o en creencias que en datos, o al menos en razonamientos lógicos.

Comienza describiendo el contexto: diversos factores (el hecho de que no sea necesario registrar una obra para que esté protegida por los derechos de autor (al contrario de lo que sucede con las patentes); la revolución digital, que ha reducido considerablemente los costes de producción y de reproducción de contenidos, y que ha conducido a una explosión del contenido digital, creado tan por profesionales como por amateurs (user-generated content, UGC), como a un aumento importante de la piratería, pero que sin embargo aún no ha perfeccionado las herramientas para la búsqueda, identificación y seguimiento de esos contenidos; y la continua extensión de los periodos de protección de la propiedad intelectual, que actualmente son de 70 años a partir de la muerte del autor) han conducido a una situación en la que, en muchos casos, es cada vez más difícil identificar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Esto se refleja en el creciente problema de las obras huérfanas que, como ya he dicho, en términos económicos significa que transacciones que proporcionarían valor a comprador y vendedor, o licenciador y licenciatario, no se llevan a cabo debido a los costes que supone la localización del titular de los derechos, lo que supone una pérdida de valor tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto.

Para su análisis, parte Varian de la propuesta de modificación legislativa sobre obras huérfanas que hace unos años (él dice 2008, lo que yo encuentro es de 2006) hizo pública la Oficina de Copyright estadounidense, que resume así:

  • Quien pretenda hacer uso de la obra debe llevar a cabo una “búsqueda razonablemente diligente” para identificar a los titulares de los derechos sobre la obra. Factores a tener en cuenta para determinar el grado de diligencia de la búsqueda son: que la obra contenga material que identifique al titular, que la obra se haya puesto a disposición del público, la fecha de la obra, la existencia de registros públicos, el hecho de que su autor siga vivo o no.
  • Si esta “búsqueda razonablemente diligente” se ha realizado sin identificar al titular, la obra se puede utilizar.
  • Si más tarde el titular aparece:
    • Sólo podrá recibir una “compensación razonable por el uso”, que podría interpretarse como la que se habría acordado si hubiese aparecido antes de que se produjese el uso, y que podría contemplar una “ventana temporal” para la compensación, por ejemplo de un máximo de 5 años.
    • No podrá solicitar la retirada de obras derivadas que incluyan “una parte importante de expresión del usuario”. Por ejemplo, una única fotografía en un libro de cientos de páginas, o una película basada en un libro.

Distingue dos tipos de obras huérfanas:

  • Las verdaderamente huérfanas: cuyo titular se desconoce (o es imposible conocer). Por ejemplo: una fotografía sin datos de su autor, un post anónimo en un blog.
  • Las obras “descuidadas” (neglected works): cuyo titular actual es incierto. Por ejemplo, cuando se sabe que el autor de un libro ha fallecido, pero no se conoce a quién corresponde ahora la titularidad de los derechos sobre la obra.

Y dos tipos posibles de violación de la propiedad intelectual relacionadas con ellas:

  • No se encuentra al titular, pero la obra se utiliza igualmente
  • Alguien afirma erróneamente ser titular de los derechos y concede una licencia sobre la obra

Para que la transacción se realice han de encontrarse comprador y vendedor, lo que impone ciertos costes de búsqueda sobre cada uno de ellos. Como hasta cierto punto quién busque a quién es indiferente, es decir, la búsqueda de uno es sustituible por la del otro, lo ideal para cada uno de ellos es que sea el otro quien corra con la mayor parte del coste (la tentación del gorrón, el free-rider). Sin embargo, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, la eficiencia es mayor cuando cada uno de ellos internaliza los costes del otro. De hecho, el resultado óptimo se produciría cuando aquel cuya búsqueda es más eficiente es el que carga con la mayor parte de la búsqueda.

En un mercado de bienes físicos, están claros los incentivos para que vendedor y comprador asuman el coste de búsqueda y se encuentren, pues de otra manera la transacción no tendrá lugar.

Sin embargo, para los bienes digitales sujetos a propiedad intelectual la situación es en cierta medida diferente, y tanto uno como otro pueden tener incentivos para evitar encontrarse: el comprador, porque se ahorra el coste de búsqueda y también porque puede pretender evitar pagar por los derechos de propiedad intelectual (lo que supone que habrá de tener en cuenta el coste que le puede suponer la infracción de la ley si es sancionado); por su parte, el vendedor puede igualmente tratar de ahorrarse los costes de búsqueda y también puede tratar de buscar el perjuicio (seek injury).

Varian propone cambios legales e institucionales que eviten estos incentivos negativos, de forma que:

  • El comprador obtenga beneficios razonables de una búsqueda diligente (por ejemplo, pudiendo utilizar la obra aunque no consiga encontrar al titular de la PI) y cargue con los costes en caso de no hacer (en forma de sanciones).
  • Al vendedor, por su parte, le convenga que sea fácil encontrarlo (si la transacción se realiza, es compensado) y cargue con los costes si no facilita su localización (al disminuir la probabilidad de que la transacción se efectúe). También, para evitar la tentación de que busque el perjuicio para así obtener después importantes indemnizaciones, la propuesta incluya una “compensación razonable” en caso de que aparezca una vez que la obra ya se esté usando. Asimismo, los costes de identificar erróneamente al titular de los derechos de PI sobre la obra, según Varian, han de ser bajos, para evitar que el temor a una infracción imponga costes más altos para la transacción.

Aboga por la creación de un registro (registry) o de una “cámara de compensación” (es la traducción que he encontrado para clearing house, aunque no sé si tiene sentido) donde los titulares inscribiesen las obras, permitiendo que los posibles compradores las localizasen mucho más fácilmente, lo que reduciría en gran medida los costes de búsqueda.

La diferencia entre el registro y la cámara de compensación es que el primero únicamente serviría para localizar al titular de los derechos sobre la obra protegida, mientras que la segunda, además, facilitaría la transacción (por ejemplo, haciendo públicos los precios de las licencias). Pone como ejemplo de este tipo de sistema el identificador del contenido que utiliza YouTube, que ya comenté aquí hace tiempo, pero aclara que no es más que una solución particular que habría que generalizar para todas las obras.

Hal Varian - Universal registry summary

Varian entiende que los titulares tendrían incentivos para registrar las obras si, por una parte, las sanciones en caso de error a la hora de atribuirse la titularidad no fuesen muy elevadas (lo que atajaría el problema de las obras descuidadas) y, por otra, se limitasen los beneficios que podría obtener quien emplease la estrategia de la “propiedad intelectual submarina”, ocultando su titularidad y esperando a que se produjese la violación para solicitar indemnización.

Él se inclina por una cámara de compensación, gestionada preferiblemente por el sector privado y no por el Estado, por varios motivos: por un lado, al participar en la transacción económica, sería más sencillo encontrar una forma de financiación de la propia cámara que minimizase los costes para la sociedad; por otra, la cámara de compensación podría hacer públicos los precios de las licencias para el uso de las obras, de forma que el posible comprador tuviese una idea del coste al que se enfrentaría antes de empezar una búsqueda.

La posibilidad de reformar la regulación de las obras huérfanas está también en la agenda de la Comisión Europea, como pone de manifiesto esta Comunicación sobre la Propiedad Intelectual en la Economía del Conocimiento de 2009 (pdf en inglés) que comentamos en clase hace unas semanas. Supongo que los comisarios habrán tomado buena nota de lo que opina al respecto un actor tan importante, por su capacidad económica y de innovación, como Google.

Los buscadores y el debate público

15 Oct

En uno de los últimos eposodios de Spark, el programa de la radio pública canadiense (CBC) dedicado a la vida digital, Nora Young entrevista Kelly McBride, del Poynter Institute, a propósito de las distorsiones que el funcionamiento de los buscadores de Internet introduce en el debate público de asuntos polémicos.

McBride pone como ejemplo un asunto que lleva unos meses generando acalorado debate en Estados Unidos: la construcción de una mezquita en la Zona Cero de Nueva York, donde hasta el ataque islamista del 11 de septiembre de 2001 se erguían las torres gemelas del World Trace Center.

Explica McBride que, en realidad, ni se trata de una mezquita (sino de un centro social islámico que entre otras muchas instalaciones dispondrá de un lugar dedicado a la oración), ni estará situada en la Zona Cero (sino a dos manzanas de distancia). Sin embargo, una vez que el debate se estableció alrededor de la “Ground Zero mosque” (mezquita de la Zona Cero),  quedó encuadrado, al menos en Internet, cada vez más importante como plaza pública, en torno a esa expresión errónea o interesada, pues todo el que quisiese participar en él de una manera significativa (esto es, en la práctica, consiguiendo que sus aportaciones apareciesen en un lugar relevante en los resultados de búsqueda de Google), incluso aunque pretendiese discutir precisamente el marco en el que el debate se estaba desarrollando, se veía obligado a pasar por el aro de tener en cuenta, siguiendo las prescripciones del posicionamiento en los buscadores, la expresión de marras a la hora de diseñar su titular, pues la mayoría de la gente continúa introduciendo “Ground Zero mosque” en sus búsquedas.

McBride hacía en consecuencia un llamamiento a extremar el cuidado a la hora de enmarcar las discusiones en Internet para evitar las consecuencias negativas de esta falta de flexibilidad de los buscadores, inevitables puertas de acceso a cualquier discusión pública en la era digital.

Eric Schmidt (Google): “Las leyes las hacen los lobbies”

3 Oct

(Edito: Al traducir más abajo lo que dice Schmidt, no supe bien cómo trasladar “incumbencies” y opté por “empresas ya establecidas”. Mi compañera Yolanda señala en su blog lo limitado de mi elección, haciendo ver que los lobbies no tienen por qué estar financiados sólo por empresas, sino que también pueden estar detrás de ellos otros intereses, como los grupos ultraconservadores que apoyaron a Bush Jr. Así que corrijo y donde dije digo digo “organizaciones ya establecidas”.)

Precisamente ayer, en la charla que dio Marta García León en el máster sobre el régimen estadounidense de propiedad  intelectual y sus semejanzas y diferencias con el español, acabamos hablando del peso de las industrias culturales y del entretenimiento en Estados Unidos en la elaboración de las leyes.

Marta dio un dato bien explicativo del porqué: este sector es, tras la industria armamentística y la aeroespacial, el tercero más importante por contribución al PIB del país, a lo que hay que sumar el número de puestos de trabajo que genera.

Sin embargo, me ha llamado la atención encontrarme en The Atlantic esta cita tan explícita de Eric Schmidt, el CEO de Google. (En ese enlace puede verse también el vídeo completo de la intervención de Schmidt en el Washington Ideas Forum.)

Trascribo lo que dice en el breve extracto que he puesto arriba:

The average American doesn’t realize how much the laws are written by lobbies, and that is… -and I’m not trying to offend anyone who might be of that like here-, and it’s shocking, having spent a fair amount of time now inside the system, how the system actually works. And it’s obvious that if the system is organized around incumbencies writting the laws, the incumbencies will benefit from the laws that are written.

(El estadounidense medio no es consciente de hasta qué punto las leyes las escriben los lobbies, y eso… -y no pretendo ofender a nadie que trabaje en eso aquí-, es sorprendente, tras haber pasado bastante tiempo dentro del sistema, cómo funciona en realidad. Es evidente que, si el sistema está organizado alrededor de que las organizaciones ya establecidas (incumbencies) escriban las leyes, serán las que se beneficien de las leyes que se aprueben.)

Lecturas sobre neutralidad de red

10 Ago

(Edito: Acabé escribiendo una serie de entradas sobre el asunto:

Neutralidad de red I. Introducción

Neutralidad de red II. Qué es Internet

Neutralidad de red III. Arquitectura de Internet

Neutralidad de red IV. La privatización del backbone de Internet

Neutralidad de red V. El debate

Neutralidad de red VI. Argumentos a favor

Neutralidad de red VII. Argumentos en contra)

Éstas son algunas de las cosas que me gustaría leer para hacerme una idea de lo que está en juego en el debate sobre la neutralidad de la red, de candente actualidad últimamente, en particular tras el anuncio ayer de la “propuesta conjunta por una Internet abierta” de Google y Verizon:

Recientes (actualizado a 11 de agosto de 2010):

Future of Music Coalition, “A Closer Look at the Verizon-Google Internet Proposal” (11 de agosto de 2010)

Electronic Frontier Foundation, “A Review of Verizon and Google’s Net Neutrality Proposal” (10 de agosto de 2010)

Ryan Singel, Why Google Became A Carrier-Humping, Net Neutrality Surrender Monkey” (Wired.com, 10 de agosto de 2010)

Juan Varela, “Plataformas digitales contra neutralidad de la red” (Periodistas 21, 9 de agosto de 2010)

Juan Varela, “Neutralidad de la red, no en las plataformas” (Periodistas 21, 9 de agosto de 2010)

Rosa Jiménez Cano, “¿Quién quiere acabar con la neutralidad en la Red?” (El País, 9 de agosto de 2010)

Rosa Jiménez Cano, “Google y Verizon, a favor de la neutralidad en la Red” (El País, 9 de agosto de 2010)

José F. Alcántara y David de Ugarte, “Una pésima idea” (El País, 9 de agosto de 2010)

Jonathan Zittrain, “What matters in net neutrality

Adam Green, “Google Goes ‘Evil’” (Huffington Post)

Josh Silver, “Google-Verizon Deal: The End of The Internet as We Know It” (The Huffington Post)

Robert X. Cringely, “A Net Game for Google?” (New York Times, 7 de agosto de 2010)

Susan Crawford, “Leadership” (en su blog, 9 de agosto de 2010)

Dan Gillmor, “Google-Verizon plan: Why you should worry” (Salon.com, 9 de agosto de 2010)

Gigi Sohn, “Why the FCC’s Net Neutrality Negotiations Failed and the Opportunity it Presents” (PublicKnowledge.org, 9 de agosto de 2010)

About the Verizon/Google ‘Deal’ on Net Neutrality” (Save the Internet, 6 de agosto de 2010)

David Megginson, “Evil or misunderstood? Google and net neutrality” (8 de agosto de 2010)

Eliot Van Buskirk, “Here’s The Real Google/Verizon Story: A Tale of Two Internets” (Wired.com, actualizado a 9 de agosto de 2010)

Samuel Axon, “Demystifying Google and Verizon’s Proposed Policy for the Open Internet” (Mashable.com, 9 de agosto de 2010)

Future of Music Coalition, “Statement on Verizon-Google “Legislative Framework Proposal” for the Internet” (9 de agosto de 2010)

Digital Music News, “Google+Verizon Make a Little Proposal. Is This a Big Problem for Artist+Indies?” (9 de agosto de 2010)

De fondo:

Juan Varela, “Cuando medios y telefónicas quieren ser plataformas digitales” (Cuadernos de periodistas, vía Scribd)

Varios autores, “Neutralidad de red (Deloitte, 2010; pdf de 54 páginas):

Visión internacional e implicaciones regulatorias

– “How the European Union avoided the temptation of harmful interference with the Internet, while the USA might succumb”, Martin Cave, Warwick Business School Professor

– “Regulación de Redes de Nueva Generación: ¿Neutralidad o Convergencia?”, Marcel Coderch Collell, Vicepresidente, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

– “The current debate on ‘Net Neutrality’ in Europe: the reform of the Telecom Package and beyond”, Peter Rodford, Head of Unit of Policy Development, Information Society& Media Directorate General, European Commission

– “Net Neutrality in the United States: Past, present and future”, Fernando Huerta, Socio de Deloitte, Antonio García Zaballos, Gerente de Deloitte

Efecto en los modelos de negocio de operadoras, proveedores de contenido y fabricantes

– “Net neutrality, or how to mismatch the rights of users and operators”, Alberto Moreno Rebollo, Director de Política Regulatoria de Telefónica, Fernando Herrera González, Responsable de Política Regulatoría, Telefónica de España

– “¿Por qué es importante preservar la neutralidad de la red?”, Bárbara Navarro, Directora Europea Asuntos Institucionales y del Gobierno, Google España

– “Net Neutrality – Orange España”, Christian Hacker, Director de Regulación, France Telecom España, S.A.

– “La neutralidad tecnológica y los fabricantes”, Jordi Botifoll, Vicepresidente Mediterranean Cisco Europe

– “Media y Neutralidad de la Red”, Luis Jiménez Guerrero, socio de Deloitte

María del Mar Palazuelos y Fernando Herrera, “La neutralidad de red. Un debate interesado sobre los derechos de los usuarios” (Fundación Telefónica, marzo de 2010)

Tim Wu, “Network neutrality FAQ

Susan Crawford, “Network rules” (paper de 2007)

Susan Crawford, “Transporting communications” (paper de 2009)

Bob Frankston, “Conversation with Erik Cecil on Network Neutrality

Bob Frankston, “Network Neutrality: It’s not just Common Carriage and Antitrust

La Quadrature du Net, “Protecting Net Neutrality in Europe” (pdf, 23 páginas)

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